La prueba pericial, decisiva para utilizar la conversación por whatsapp como prueba


Cada día es más común que las conversaciones mantenidas a través de Whatsapp sean presentadas como prueba en distintos procedimientos judiciales. Sin embargo, hasta el momento la legislación española no ha regulado específicamente estas comunicaciones,  sino que sólo las llamadas telefónicas están contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Uno de los problemas al respecto es que el servidor del administrador de Whatsapp no registra ni almacena el contenido de los mensajes, por lo que ningún órgano judicial podría solicitárselos para conocer toda la información.

En relación con lo que se está dictando en la actualidad en el ámbito penal y, por añadidura, también en el administrativo, es interesante la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de fecha 19 de mayo de 2015, según la cual se fijan los criterios para aceptar la fuerza probatoria de las capturas de pantallas con mensajes transmitidos en las redes sociales. En ella se expresa que esta clase de pruebas «debe ser abordada con todas las cautelas” y añade sobre la posible manipulación que “forma parte de la realidad de las cosas” porque estos sistemas “hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo”. “De ahí que la impugnación de la autenticidad de cualquiera de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión” prosigue, “desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria”, para acabar concluyendo que “será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido.»

Por lo tanto la prueba pericial se presenta como un elemento definitivo y decisivo para probar la autenticidad, pero además la Administración también tiene que comprobar la obtención lícita de dicha prueba, sin que se haya incurrido en una violación del derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Igualmente conviene que un acta notarial acredite la no manipulación y la exhibición del otro terminal para comprobar en él la veracidad de la conversación.