Triunfar en los juzgados se paga caro con el IRPF


Tal y como advierten los técnicos del Ministerio de Hacienda, según el nuevo criterio adoptado la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) aquellos que ganen una sentencia tendrán que tributar por las costas judiciales como ganancia patrimonial, de modo que el abono de las costas deberá ser incluido en el base liquidable general.

Las consultas sobre sobre las implicaciones fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la nulidad de la compra de participaciones preferentes, han implicado diversas resoluciones de la Dirección General de Tributos, según las cuales la nulidad de la obligación del pago de los intereses puede motivar una solicitud de rectificación de autoliquidación a efectos de obtener, en su caso, la devolución de ingresos indebidos por el impuesto satisfecho correspondiente a dichos intereses anulados.

Con respecto a los intereses indemnizatorios y el abono de las costas procesales reconocidas por sentencia judicial, los ciudadanos deben saber que: los intereses indemnizatorios tributan como ganancia patrimonial y que una vez restituido lo invertido en preferentes, la ganancia patrimonial incluirá la devolución de las costas procesales.

La Dirección General de Tributos establece también que la alteración patrimonial correspondiente a los intereses legales se produce con la propia sentencia que establezca su pago, lo que conlleva a su vez conlleva su imputación temporal al período impositivo de adquisición de firmeza de la sentencia, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 14.2.a) de la Ley 35/2006 (LA LEY 11503/2006).

Además, estos contribuyentes tampoco podrán deducirse los gastos de abogado y procurador realmente asumidos durante el proceso, porque son “gastos debidos al consumo”, un argumento que olvida que las costas judiciales tienen un carácter restitutorio de los gastos objetivamente necesarios para la defensa en los tribunales. En opinión de Hacienda, una cosa es tributar porque el exceso de las costas superen a los gastos jurídicos realmente incurridos y otra muy diferente es tributar por el 100% de las costas sin posibilidad de deducir lo pagado a abogados y procuradores.